Público
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instó al gobierno de Jalisco y a la fiscalía especial de la PGR, a tomar medidas en el caso de violencia de género y presuntos delitos sexuales en el que se involucra al procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos.
Se trata del caso de María Araceli Arellano Enciso y su hija, en el cual se involucra a funcionarios públicos en presuntos actos de corrupción de menores, así como de prostitución y de pornografía infantil.
La fiscal especial, Guadalupe Morfín Otero, dijo anoche que el dictamen servirá a las investigaciones, y opinó que representa una “severa llamada de atención” a las autoridades de Jalisco.
La Comisión Permanente aprobó ayer un dictamen donde se pide al gobernador de Jalisco, Emilio González, que garantice la seguridad e integridad física y psicológica de la menor y su madre. Igualmente, pide a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), que encabeza Morfín en la Procuraduría General de la República (PGR), que haga uso de sus facultades para la atracción del caso y le dé celeridad.
El dictamen señala que “los hechos denunciados continúan evidenciando el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres que existen en el país, así como la actitud discriminatoria y negligente por parte de algunas autoridades frente a este problema”.
Pero, además, indica que este caso “pudiera ser representativo de la situación de violencia y discriminación, así como de pornografía infantil y trata de personas”, que se da en el país, por lo cual, según los legisladores federales, reviste especial importancia.
Anoche, en entrevista telefónica con Público, Guadalupe Morfín dijo que la fiscalía a su cargo garantiza “una investigación imparcial” en el caso, que está en marcha “desde principios de año”, y subrayó que en la PGR “no estamos prejuzgando la culpabilidad del procurador”.
La fiscalía especializada trabaja en dos líneas, explicó Morfín Otero: la atención de la víctima y la investigación del delito. “El trabajo se está haciendo desde principios de año y el punto de acuerdo [del Congreso] sí ayudará a nuestras labores”.
Según Morfín, el punto de acuerdo expresa la preocupación federal por el caso, y que la actuación de las autoridades jaliscienses deja mucho que desear en lo que se refiere a protección de las víctimas y procuración de justicia.
Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la ONG jalisciense que ha apoyado la defensa de las víctimas, exige, entre otros puntos, la remoción del cargo de procurador a Tomás Coronado a fin de que se garantice una investigación imparcial y transparente.
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